De acuerdo a la información publicada por el diario Clarín, una familia que vivía en Haras Santa María de Escobar, más preciosamente en el lote 96 del barrio Haras Eucalipto, sufrió el 13 de octubre de 2009 durante la madrugada un robo por parte de dos delincuentes que primero sustrajeron objetos de valor de la casa y luego violaron a la mujer, quien se encontraba en el hogar junto a su marido, sus hijos y amigos. Los delincuentes tenían en su poder una escopeta de caño largo y un arma de puño.
La justicia ordenó ahora que los responsables del country –desarrollado por la empresa Eidico- deben abonar la suma de $900 mil pesos a la familia en concepto de daños psicológicos y morales. ¿El motivo? No haberles brindado la seguridad suficiente para que ese hecho no ocurriese.
La policía determinó que los asaltantes habían cortado el cerco perimetral de la calle Los Olmos, ubicada a unos 70 metros de la casa. En la zona se notaban pisadas y huellas, pruebas de que los delincuentes habían entrado y salido por allí. La familia inició una demanda por daños y perjuicios contra la empresa desarrolladora, contra el country y contra la agencia de seguridad del lugar, la cual quedó radicada en el Juzgado Civil N° 58 de Capital Federal a cargo de la jueza María Isabel Di Filippo. «Se promocionaba el barrio garantizando seguridad, pero el lugar tenía muchas falencias. Entre ellas, los cercos perimetrales», aseguró Osmar Domínguez, abogado del matrimonio asaltado, al diario Clarín.
«En el momento del robo el barrio estaba en plena obra, habría no más de diez casas dentro de las 380 hectáreas. No tenían la mayoría de los servicios: no había gas, la luz era muy deficiente, no había líneas telefónicas y había un tejido de alambrado perimetral muy endeble», declaró uno de los empleados de seguridad en el expediente. El día del ataque había nueve vigiladores para todo el predio, uno por barrio. Además, en el lugar tampoco había cámaras de seguridad y una de las garitas de seguridad se colocaba en la entrada los sábados, domingos y feriados a las 10 de la mañana y se retiraba a las 19, “en realidad, no era para hacer protección, era para que los que ingresaban la vieran», recordó un testigo cuyo nombre no trascendió.
Según lo publicado por Clarín, las empresas aseguran que cumplieron con todo lo documentado en el contrato fiduciario y que la familia asaltada no tenía derecho a reclamo alguno porque hacía más de un año que no pagaba las expensas.
De acuerdo a lo dispuesto por la jueza María Isabel Di Filippo, los $900 mil pesos serán abonados en forma solidaria por las empresas demandadas: $300.000 al hombre, $400.000 a su esposa, $100.000 a uno de los hijos y $50.000 a cada uno de los otros chicos.
